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“Nuestro éxito seguirá dependiendo del poder militar de Estados Unidos y de la credibilidad de nuestras garantías a nuestros aliados y socios en Oriente Medio.”

Estas fueron las palabras pronunciadas en diciembre de 2013 por el secretario de Defensa del gobierno de Obama, Chuck Hagel, a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Aquello reforzaba las garantías históricas dadas por Washington a sus marionetas, reafirmando la propaganda engañosa de que Estados Unidos es el guardián de la seguridad global.

Promesas como esa son hechas por cada administración, sea demócrata o republicana. Doce años después, Donald Trump volvería a reforzar ese mantra, dirigiéndose específicamente a Qatar: “Los Estados Unidos considerarán cualquier ataque armado contra el territorio (…) de Qatar como una amenaza a la paz y la seguridad de los Estados Unidos.” Según Trump, Estados Unidos respondería a los ataques contra Qatar con “todas las medidas legales y apropiadas”, “incluyendo militarmente”.

Israel acababa de bombardear Doha, apuntando contra dirigentes de Hamas. Todo el discurso del presidente de Estados Unidos era absolutamente vacío: los sistemas Patriot adquiridos por 10 mil millones de dólares en el acuerdo de 2012, sumados a una nueva adquisición de Patriot y NASAMS por más de 2 mil millones de dólares en 2019, no interceptaron el bombardeo israelí. Y Washington no consideró aquel ataque como una “ amenaza a la paz y la seguridad de los Estados Unidos  ” — por el contrario, cerró los ojos ante él.

Qatar alberga el Comando Central de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea británica en la base aérea de Al-Udeid, construida con más de 8 mil millones de dólares empleados por el gobierno de Qatar. Nada de eso ha protegido al pueblo catarí. Las represalias de Irán a la agresión de Estados Unidos-Israel revelaron que la propia base (la mayor instalación militar de Estados Unidos en Oriente Medio) es un objetivo frágil: fue alcanzada por un misil el día 3, que probablemente dañó o destruyó el radar de alerta temprana AN/FPS-132, uno de los sensores más importantes de la defensa antimisiles de Estados Unidos, valorado en alrededor de 1,1 mil millones de dólares. Imágenes de satélite sugieren daños significativos en el equipo, lo que podría comprometer la capacidad de detección de misiles balísticos a largas distancias.

En 2017, Arabia Saudita gastó 110 mil millones de dólares en material bélico de Estados Unidos, en un acuerdo que prevé gastar nuevos 350 mil millones de dólares hasta el próximo año — esto incluye los sistemas Patriot y THAAD. Aparentemente, ese gasto exagerado no está garantizando una protección totalmente segura. A pesar de importantes interceptaciones en la guerra actual, el gobierno estadounidense orientó a parte de sus funcionarios a huir de Arabia Saudita para protegerse — lo que revela que ni los propios Estados Unidos confían en la capacidad de defensa que venden a los demás. De hecho, en la madrugada del día 3, dos drones alcanzaron la embajada estadounidense en Riad y, dos días antes, soldados estadounidenses también fueron atacados.

Desde 1990, los países del Golfo han desembolsado casi 500 mil millones de dólares en la compra de armamento y sistemas de protección de Estados Unidos, según datos de la Defense Security Cooperation Agency (DSCA), de la base de datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y de informes del Congressional Research Service (CRS). La construcción y mantenimiento de la infraestructura de defensa por Estados Unidos es financiada casi completamente por los países anfitriones. Todo esto está saltando por los aires gracias a la legítima represalia iraní.

La ineficacia de la protección dada por Estados Unidos ya se había demostrado en la guerra del año pasado, pero también por los disparos de Hamas, Hezbollah y los hutíes hacia Israel, que derribaron el mito alrededor del Domo de Hierro. En cierto sentido, el éxito de muchos de esos ataques representó una humillación para la todopoderosa industria bélica estadounidense. Los varios drones MQ-9 Reaper derribados por los yemeníes significaron pérdidas por un monto de 200 millones de dólares — los drones utilizados por los hutíes para abatir las aeronaves estadounidenses costaron una fracción insignificante para ser producidos.

La ineficacia de la protección estadounidense también revela la bajísima calidad de los productos de su complejo militar. Este está dominado por un pequeño puñado de monopolios como Lockheed Martin y Raytheon que, sin competidores y con clientes subservientes al gobierno estadounidense, no ven la necesidad de esforzarse al máximo para producir armamentos y sistemas de calidad insuperable. Finalmente, la corrupción corre libre en esta área, y pueblos inferiores como los del Golfo no merecen consumir productos de la misma calidad que los destinados a América — aparentemente, sus regímenes están dispuestos a pagar caro por cualquier cosa.

Irán, con toda su experiencia de más de cuatro décadas lidiando con agresiones, ha sabido utilizar muy bien esas vulnerabilidades. Dirigentes del más alto nivel del Estado iraní insisten públicamente en que no es posible que haya paz en Oriente Medio mientras las bases de Estados Unidos estén en funcionamiento en la región. Saeed Khatibzadeh, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, declaró: “No tenemos otra opción que poner fin a la presencia estadounidense en la zona del Golfo Pérsico”. Estos llamados ciertamente están circulando en los países vecinos — tanto entre la población común como en las fuerzas armadas y políticas.

La nación persa no está atacando solo instalaciones militares, sino también objetivos estratégicos que afectan el punto neurálgico de la economía de los países del Golfo: la industria energética — en represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra su propia infraestructura petrolera. Estos ataques iraníes presionan con una fuerza aún mayor a los regímenes títeres del imperialismo para que hagan algo para detener a sus amos. La solución obvia sería impedir la utilización de su territorio para agresiones contra Irán, lo que implicaría necesariamente el cierre de las bases militares.

Aunque todos estos países sean dictaduras que reprimen cualquier disidencia, a medida que aumenta el sufrimiento de la población civil, el descontento popular puede volverse incontrolable. Sus gobernantes lo saben y ya están rompiéndose la cabeza para encontrar una salida segura para esta situación potencialmente explosiva.

¿Acaso los pueblos de estos países se tragarán toda la propaganda mentirosa que sus regímenes — alimentados por la industria de mentiras de Estados Unidos e Israel — intentan contarles, de que Irán es el agresor y el responsable de los ataques? Pero ¿por qué Estados Unidos construye bases de lanzamiento de misiles tan cerca de barrios residenciales? Está claro que, al igual que los israelíes, no se trata de un ejército “moral” y “ético”: esas personas existen para ser escudos humanos de los soldados estadounidenses. La lógica de protección se invierte: no son los sistemas antiaéreos de Estados Unidos los que sirven para proteger al pueblo saudí, emiratí o catarí, son esos ciudadanos de segunda clase los que deben morir para proteger a las fuerzas ocupantes.

Además, las bases militares de Estados Unidos frecuentemente albergan soldados responsables de crímenes contra las poblaciones locales. Esto quedó explícito durante la Guerra de Irak. Por ejemplo, la violación de una niña de 14 años llamada Abeer Qassim Hamza al-Janabi, seguida de su asesinato y el de sus familiares después de que soldados de la 101.ª División Aerotransportada invadieran su casa en Mahmudiya, en 2004. O las violaciones documentadas durante años durante la invasión de Irak, sumadas a la práctica de explotación sexual y prostitución realizada en áreas cercanas a instalaciones militares estadounidenses, como la Base aérea de Balad, utilizada por la 4ª División de Infantería.

El día 1°, marines estadounidenses mataron al menos a nueve manifestantes que intentaron invadir el consulado estadounidense en Karachi, en Pakistán, en protesta contra la agresión criminal contra Irán que ya había masacrado a cerca de 150 niñas en una escuela iraní el día anterior. Para eso sirve la presencia imperialista en los países de Oriente Medio, Asia Central, África y América Latina: violar, asesinar y usar a los propios nativos como escudos humanos, no para protegerlos.

¿Hasta cuándo se levantarán contra esta verdadera ocupación militar? Probablemente, eso no tardará en suceder.

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Elizabeth Vos on the social-media suppression of information that could help U.S service people refuse to join the U.S.-Israeli attack on Iran as fears grow that Trump will send ground troops into the conflict.

As the U.S. and Israel’s deeply unpopular war with Iran enters its second week, social media platform X is censoring the accounts of people providing information to military servicemembers on how they can refuse to serve. This is particularly relevant as fears have grown that U.S. ground troops may enter the conflict.

The Center on Conscience & War, an 80-year-old nonprofit that, according to its website, “advocates for the rights of conscience, opposes military conscription, and serves all conscientious objectors to war,” was banned on X for 12 hours. The center’s executive director, Mike Prysner, shared a notice that the center received from X which labeled their posts as having “violated X rules” against “illegal and regulated behaviors.”

X has just suspended @CCW4COs for informing service members of their legal rights. pic.twitter.com/joNYvW9E2w

— Mike Prysner (@MikePrysner) March 7, 2026

Prysner wrote: “This is the post @CCW4COs was suspended for, informing service members of their legal right under DoDI 1332.14 to report “failure to adapt” within first 365 days of service and receive an entry-level discharge.”

This is the post @CCW4COs was suspended for, informing service members of their legal right under DoDI 1332.14 to report “failure to adapt” within first 365 days of service and receive an entry-level discharge https://t.co/PLPQslEz6x

— Mike Prysner (@MikePrysner) March 7, 2026

It remains legal to conscientiously object to military service. The only conceivable way that the post could be framed as encouraging illegal or irregular behavior would be to recast such objections as mutiny, which is exactly what pro-Israeli voices on social media have been frantically doing in the last few days.

In response to conservative commentator Candace Owens also encouraging those in the U.S. military to conscientiously object to serving in Iran, pro-Israel journalist Emily Schrader wrote on X:

“This is illegal. She is literally advocating mutiny. Under 18 U.S.C. § 2387 (Advocating overthrow or disloyalty in the armed forces). It is a crime for any person, including civilians, to willfully advocate or attempt to cause:
• insubordination in the armed forces
• disloyalty among service members
• mutiny or refusal of duty
It also criminalizes distributing materials intended to encourage those outcomes.
The penalty can be up to 10 years in prison and fines.”

Other pro-Israel voices like Bill Ackman, the billionaire hedge-fund manager, reposted Shrader’s sentiments.

The social media ban on the Center for Conscience and War came less than 24 hours after its executive director, Prysner, also wrote via social media regarding anecdotal evidence of troops being readied for combat:

“I just spoke with the mother of a service member in this unit. They were given one last call home before having to turn in their phones. He told his mom they were going ‘boots on the ground’ tonight.”

I just spoke with the mother of a service member in this unit. They were given one last call home before having to turn in their phones. He told his mom the were going “boots on the ground” tonight. pic.twitter.com/3OCupSfp9Q

— Mike Prysner (@MikePrysner) March 7, 2026

As noted by The Cradle,

“Mike Prysner … said in posts on X that his office has been overwhelmed with requests for guidance from service members seeking to dodge deployment…. ‘Phone has been ringing off the hook,’ he wrote … adding that many troops had not been told the mission involved combat until the last moment and were initially informed they were heading to training.”

As veteran Greg Stoker said via X: “Service members knowing their rights is a direct threat to both the secular imperialists who own these apps and the rapturous evangelicals trying to bring about Armageddon.”

Service members knowing their rights is a direct threat to both the secular imperialists who own these apps and the rapturous evangelicals trying to bring about Armageddon.

You don’t want to be fighting for either. https://t.co/hMzq96xSir

— Greg Stoker (@gregjstoker) March 7, 2026

Some X users have also been anecdotally reporting the apparent mobilization of troops:

“Spoke to a family member tonight — a Marine stationed in California. He said half\ the troops on base have disappeared in the past couple days and that the situation is chaos with those still remaining.”

Despite official denials that troops on the ground are part of the current plan, President Donald Trump has not ruled out the possibility. Democrats expressed alarm over the possibility following a March 4 classified briefing.

Democracy Now! noted that Sen. Richard Blumenthal said, “I just want to say I am more fearful than ever, after this briefing, that we may be putting boots on the ground.”

Sen. Elizabeth Warren also stated after the briefing:

“I just left a classified briefing on Iran, and here’s what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. The Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation. Donald Trump still hasn’t given a single clear reason for this war, and he seems to have no plan for how to end it, either.”

The censorship of an account sharing information for troops regarding how to conscientiously object is particularly relevant now as thousands of U.S. troops are facing the potential for imminent deployment in the escalating conflict with Iran: a war largely unsupported on the home front.

Breaking news: The Army abruptly canceled a major training exercise, officials said, fueling speculation within the Defense Department that soldiers specializing in ground combat and a range of other missions may be sent to the Middle East. https://t.co/1nuTFn8acH

— The Washington Post (@washingtonpost) March 6, 2026

According to The New York Times, support for U.S. intervention in Iran is incredibly low, having “ranged from 27 percent in a Reuters/Ipsos poll to 41 percent in a CNN survey, far below the level of public backing that Mr. Trump’s predecessors initially enjoyed when they used force overseas.”

Many see the intervention as a war waged overwhelmingly for Israel, especially in light of broad daylight comments from figures like U.S. Secretary of State Marco Rubio, who said:

“The president made the very wise decision: We knew that there was going to be an Israeli action, we knew that that would precipitate an attack against American forces, and we knew that if we didn’t preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties.”

Other veteran activists have also been speaking out against the war, and urging servicemembers to refuse to serve. As reported by Breakthrough News, at a Chicago rally on Saturday, veteran Daniel Lakemacher urged U.S. soldiers to “refuse this illegal and immoral war” on Iran.

“To all those who are not yet deployed: Now is the time to resist.”

At a Chicago rally on Saturday, veteran Daniel Lakemacher urges U.S. soldiers to “refuse this illegal and immoral war” on Iran.

The rally was part of a “Stop the War on Iran!” national day of action. The… pic.twitter.com/ukeY6Sci3i

— BreakThrough News (@BTnewsroom) March 8, 2026

This negative sentiment was also voiced by former U.S. Marine Sgt Brian McGinnis, a Green Party candidate for U.S. Senate for North Carolina, who was dragged out of a recent congressional hearing after shouting that “America does not want to send its sons and daughters to war for Israel.”

Sen. Tim Sheehy and police officers reportedly broke McGinnis’s arm as they struggled to remove him from the room. McGinnis was then charged with multiple counts of assault.

Former US Marine Sgt Brian McGinnis as he’s dragged out of Congress:

“No one wants to fight for Israel!”

Sen. Tim Sheehy (R-AIPAC) can be seen helping cops manhandle the veteran

Expect to see much more of this as the Zionist war drags on pic.twitter.com/itHaOkexf2

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) March 4, 2026

The violent repression of a former service member’s speech against U.S. intervention in Iran, like the social media suppression of information that might help military members use legal methods to refuse to serve in that war, demonstrates how desperate the government is to preserve its ability to force Americans to fight for Israel.

The president and his supporters seem increasingly confused when justifying the U.S. involvement to the press. When asked about U.S./Israeli strikes on Iran’s water desalination plants, Trump rambled about beheaded babies and referenced Oct. 7. This behavior is stoking public resistance to the war, including amongst members of the military.

At a time when a dangerous war of America’s own making is escalating dangerously out of control, it cannot be acceptable to censor or render it illegal for members of the U.S. military to have a conscience.

Original article:  consortiumnews.com

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The orgy of violence and war crimes being inflicted on Iran over the past week is truly shocking. Yet it is not surprising. This is what an empire that repeatedly commits genocide does.

The U.S.-backed Israeli genocide that has been going on constantly for more than two years in Gaza is now expanding to Iran. The Trump administration is openly talking about destroying Iran and its people. Tehran and other cities across Iran are enduring carpet bombing.

“It is not only a war against Iran – it is a war against the UN Charter, against all of us, against civilization,” commented the renowned international legal expert Alfred de Zayas. His voice has resonated with the anger and disgust of billions of people around the world, including many citizens in the United States.

This is an abomination, an affront to humanity.

In a detailed legal assessment, Professor De Zayas enumerates that the U.S. and Israeli military attacks on Iran have violated multiple treaties and statutes, including the UN Charter and the Geneva Conventions.

The world is witnessing barbarism on a massive and flagrant scale. Iran is responding defiantly with the legal and moral right of self-defense.

The crimes against peace and humanity perpetrated by the U.S. and Israel are staggering in their brutality and offense against basic human morality. What is even more odious is that the crimes are being committed with an insane religious conviction that American President Donald Trump is “appointed by God.”

More sickening still is that Trump and the Western and Zionist ruling class are representative of the Epstein Class, the global elite that have been implicated in unspeakable sex crimes against children. It is consistent, albeit vile, that the Western capitalist elite who have been raping children with impunity are now massacring them with bombs, as they have been doing in Gaza. It is perverse beyond words.

The aggression against Iran has been going on for decades, with murderous economic warfare – euphemistically called “sanctions”. When the latest episode of aggression started last Saturday, February 28, American and Israeli warplanes deliberately bombed an elementary school, killing 165 children. Multiple precision strikes hit the building. Since then, several other schools have also been destroyed.

Hospitals, residential districts, and cultural sites have been methodically bombed. In six days, the death toll has surpassed 1,200 and is rapidly rising. This is a war of extermination.

Trump and his senior aides, like the maniacal Secretary of War Pete Hegseth, are reveling in the destruction.

Trump speaks like a crazed crime syndicate boss, saying that he wants to “clean out” Iran after assassinating Ayatollah Ali Khamenei in a cowardly, obscene act of bombing his residence in Tehran last Saturday, murdering the spiritual leader and his family. Trump has subsequently warned that he must personally approve of any new leader acceptable to U.S. interests.

Paradoxically, the display of despicable criminality betrays a desperate weakness that spells doom for the U.S. empire.

The Empire of Lies and corruption is exposed before the eyes of the world. There is growing worldwide contempt and condemnation of the United States and its Western partners. The people of the world, including citizens in the U.S. and other Western countries, realize who the enemy of peace and morality is.

Trump’s shifting claims about why he ordered the attacks on Iran only betray and expose the cynical lies.

All U.S. wars over the decades have been carried out on the pretext of lies. Millions of people from scores of countries on every continent have perished in the charnel house of imperialist violence, their blood sacrificed for the god of capitalist greed. But what is significant now is that the lies are so transparent. The evil is no longer concealed. Even the usual Western media conformity cannot obscure the blatant criminality.

We are seeing the U.S. empire and its vassals engaging in wholesale mass murder and destruction. This was already happening in Gaza. It is now being magnified in Iran and Lebanon.

European politicians like Britain’s Starmer, France’s Macron and Germany’s Merz are acting like lieutenants in America’s fascist blitzkrieg. Their complicity is damning.

Here’s the thing, however. The Western imperialist system has dug its own grave. Trump and Israel’s madman Netanyahu have opened the gates of hell, but they cannot control what is coming. For one thing, Iran’s firepower looks like it will overwhelm the U.S. and Israeli defenses and bring the world economy to a shuddering collapse. The debt-ridden U.S. and Western economies are facing a long-overdue day of reckoning from implosion.

There is no doubt that the U.S. and Israeli military power is inflicting a maelstrom of destruction and suffering. The psychopathic arrogance of its leaders is astounding and a cause of despair for many people. But there is also a foreboding sense that this is a desperate storm before the imperial system finally collapses from its own inherent corruption.

The Zionist fanatics of the empire who fantasize about “bringing the end of times” are facing an end of sorts, but far from the twisted kind they envisage.

Iran has been planning its military strategy for decades. It is exhausting the wildly extravagant death arsenal of the U.S. empire and its Israeli attack dog. All the accumulated evil of wars and genocides that the Western system has perpetrated for decades with impunity is appearing. A day of judgment is here, and the world must decide once and for all to abolish the enemy – the Western imperialist system – and push it into its own grave.

Humanity has to realize, and is realizing, that for the world to survive in peace, the United States and its Empire of Lies must be defeated.

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One noncommissioned officer said he was directed to tell his troops that Trump was “anointed by Jesus” and that war with Iran was “all part of God’s divine plan” to bring about Armageddon.

In less than a week, the US and Israel’s war has rendered unfathomable suffering upon the people of Iran. Over 180 schoolgirls and staffers were killed in a massacre this weekend, and several hospitals have reportedly been struck, amid numerous other attacks on civilians.

But some US troops are being told the bloodletting is all a part of God’s plan.

At a briefing on Monday, as President Donald Trump unleashed what has been called a “carpet bombing” of Tehran, a combat-unit commander reportedly told noncommissioned officers (NCOs) that the commander-in-chief was “anointed by Jesus to light the signal fire in Iran to cause Armageddon and mark his return to Earth.”

The complaint, sent by one of those noncommissioned officers, was just one of at least 110 similar reports received by the Military Religious Freedom Foundation (MRFF) since Trump first launched strikes on Saturday.

In compliance with the First Amendment, the Department of Defense has long adopted rules against proselytizing within the armed forces. But under Defense Secretary Pete Hegseth, an evangelical Christian who has said the West must wage a “crusade” against Islam, Christian nationalist invocations in the military have become commonplace.

Mikey Weinstein, the president and founder of MRFF and an Air Force veteran who served in the White House of former President Ronald Reagan, told independent journalist Jonathan Larsen that the group has been “inundated” with complaints from NCOs since Saturday, which all have “one damn thing in freaking common.”

“Our MRFF clients report the unrestricted euphoria of their commanders and command chains as to how this new ‘biblically-sanctioned’ war is clearly the undeniable sign of the expeditious approach of the fundamentalist Christian ‘End Times’ as vividly described in the New Testament Book of Revelation,” Weinstein said.

“Many of their commanders,” he added, “are especially delighted with how graphic this battle will be, zeroing in on how bloody all of this must become in order to fulfill and be in 100% accordance with fundamentalist Christian end-of-the-world eschatology.”

According to Larsen, who first reported on the MRFF’s findings on Monday, the message has been spread far and wide as US troops rained missiles down upon Iran.

Larsen reported that the “complaints came from more than 40 different units spread across at least 30 military installations,” and have involved commanders in every branch of the US military.

One noncommissioned officer, who did not identify himself out of fear of retaliation, said his commander “urged us to tell our troops that this was ‘all part of God’s divine plan’ and he specifically referenced numerous citations out of the Book of Revelation referring to Armageddon and the imminent return of Jesus Christ.”

The NCO added that his commander “had a big grin on his face when he said all of this, which made his message seem even more crazy.”

“Our commander would probably be described as a ‘Christian First’ supporter,” he said. “He has been this way for a very long time and makes it clear that he desires all of us under him to become just like him as a Christian. But what he did this morning was so toxic and over the line that it shocked many of us in attendance at the ops readiness briefing.”

The NCO identified himself as a Christian, but emailed MRFF on behalf of 15 of his troops, which included at least one Muslim and one Jewish person.

He said that their commanders’ remarks “destroy morale and unit cohesion and are in violation of the oaths we swore to support the Constitution.”

By Caitlin JOHNSTONE

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No bro this US war in the middle east will be completely different, bro. See, this time the regime we’re trying to get rid of is REALLY BAD!

No no, this is nothing like all those other times. This time military interventionism to topple an oil-rich government in west Asia will lead to peace and democracy. Our soldiers will be greeted as liberators!

You don’t understand, bro. This time the government and the media are telling us the truth! This time the regime really IS committing mass atrocities and they really ARE trying to build weapons of mass destruction.

Why are you acting so skeptical? If it turns out our leaders were wrong and this war was a bad idea, I’m sure they’ll admit their mistakes and course-correct immediately to set things right, and then implement major, sweeping policy changes to make sure they never repeat the same mistakes again. What could possibly go wrong?

I know you think this will be a disaster like all those other US military interventions in the region, but you see, unlike all those other times, this time there are many foreign policy analysts from highly respected think tanks and mass media outlets assuring us that it will go perfectly fine.

If bombing Iran was a bad idea they would have told us so in the news. The news isn’t allowed to lie about important things like this.

This time is completely different because this time there are people from the targeted country who say they don’t like their government. If that country didn’t need American bombs dropped on it, every single person from that country would love the government.

No this isn’t like all those other times. This time it’s about bringing freedom and democracy to a poor oppressed population, and it’s about fighting terrorism, and it’s about women’s rights, and it’s about bringing peace and stability to the region. Don’t you agree that those are good and worthy goals? Why do you hate freedom?

I’m beginning to suspect that you just love tyrannical regimes. There is no other possible reason anyone could oppose US military interventionism to topple a government in the middle east. Also you hate Jews.

Original article:  caitlinjohnstone.com.au

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Democratic Party leaders are doing nothing to oppose Trump’s war plans for Iran because they support those plans. They just don’t want to be the ones pulling the trigger.

The Wall Street Journal reports that the US has been gathering the most air power seen in the middle east since the Iraq invasion in 2003.

CNN says the US military is prepared to strike Iran as early as this weekend.

A Trump advisor has reportedly told Axios that “The boss is getting fed up. Some people around him warn him against going to war with Iran, but I think there is 90% chance we see kinetic action in the next few weeks.”

The US is by every indication headed straight toward war with Iran, and Trump’s ostensible opposition has conspicuously little to say about it. We’re seeing some pushback from House Democrats like Ro Khanna, but party leaders like Hakeem Jeffries and Chuck Schumer are completely missing from the scene on this issue of unparalleled urgency.

Democratic Party leaders are doing nothing to oppose Trump’s war plans for Iran because they support those plans. They just don’t want to be the ones pulling the trigger.

When the attack begins they’ll do the same thing they did with Venezuela: publicly finger-wag about rules and protocol while providing no meaningful resistance and privately being glad the empire took out another unauthorized leader.

Democratic Party empire managers love Trump. They love having a bad cop who’s willing to get his hands dirty and slit the throats that need slitting while they sit back looking pretty and fundraise off his depravity.

Democrats hate having to be the bad guy. They hated trying to come up with excuses for why it was fine for Biden to aggressively back a live-streamed genocide in Gaza, and they were relieved to finally hand off that PR nightmare to Trump. They wanted to lose in 2024, and they were glad when they did.

Now they get to just coast along and let Trump take the blame for all the imperial depravity.

On Wednesday, Democratic Senator Mark Warner told MS NOW’s Katy Tur that “I think it’s appropriate that the president has all the options on the table” with regard to war with Iran, complaining only that Trump was too incompetent to strike last month when Iranian domestic turmoil was at its peak.

Warner said that “seeing regime change in Iran would make sense” and made it clear that he would like to see the Iranian government removed, with his only criticism being that Trump was going about obtaining it in a clumsy and impolite way.

“First of all, remember the president said in our previous bombing that we had obliterated Iran’s nuclear program,” Warner said. “While clearly our military did an exquisite job, we did not obliterate Iran’s nuclear program, number one. Number two, if the president is calling for regime change in Iran — and Iran is an awful regime — but he should make the case to the American public and to the world of how we’re going to go about doing that.”

This is such a perfect example of the Democratic Party’s relationship with all of Trump’s most depraved agendas. Here’s this monstrous warmonger, poised to unleash violence in the middle east of potentially devastating consequence, and all Warner can do is hem and haw about proper war etiquette and criticize the president for failing to drop enough bombs on Iran’s nuclear energy infrastructure.

The United States has two right wing war parties: the polite one and the rude one. No party or faction which advances peace and human interests is allowed to flourish at the heart of the empire.

Trump is responsible for the war crimes of his administration, and he belongs in a cell in The Hague. But these Republican swamp monsters wouldn’t be able to do the damage they do without the assistance of the Democratic Party.

Original article:  caitlinjohnstone.com.au

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Lo scorso 15 gennaio, Stati Uniti e Taiwan hanno raggiunto un accordo commerciale che impegna le aziende dell’isola a investire in territorio statunitense fino a 250 miliardi di dollari in settori critici come semiconduttori, energia e intelligenza artificiale. Come contropartita, gli Stati Uniti accettano di abbassare i dazi dal 20 al 15%, di concedere agevolazioni fiscali per le aziende taiwanesi che delocalizzano, di assicurare forniture energetiche e flussi di capitale incentrati sui settori dell’intelligenza artificiale, delle biotecnologie e della difesa. L’intesa vincola inoltre il governo di Taipei a fornire garanzie di credito per incentivare ulteriori investimenti nella filiera statunitense dei semiconduttori per altri 250 miliardi di dollari.

La sola Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (Tsmc), leader mondiale nel settore dei semiconduttori, si accollerà un onere finanziario da 100 miliardi di dollari per la costruzione di quattro impianti preposti alla fabbricazione di microchip, aggiuntivo al programma da 65 miliardi concordato con l’amministrazione Biden per la costruzione di quattro stabilimenti.

Nel dettaglio, l’accordo siglato tra Washington e Taipei autorizza le aziende taiwanesi a esportare volumi predefiniti di semiconduttori negli Stati Uniti esenti da dazi durante la fase di realizzazione dei complessi produttivi. Una volta ultimata la costruzione degli impianti, i dazi si applicheranno su una quota maggiore di importazioni di microchip taiwanesi.

Gli Stati Uniti e Taiwan, recita il comunicato ufficiale pubblicato dal Dipartimento del Commercio di Washington, «creeranno sul suolo statunitense parchi industriali di livello mondiale per rafforzare l’infrastruttura industriale americana e posizionare gli Stati Uniti come centro globale per la tecnologia di nuova generazione, la produzione avanzata e l’innovazione».

A Washington, per di più, si regista ormai da almeno un decennio un consenso bipartisan attorno alla tesi secondo cui il predominio di Taiwan nel settore dei semiconduttori costituisce una vulnerabilità pericolosissima per la sicurezza nazionale. Specialmente alla luce del drastico ridimensionamento della quota statunitense nella produzione globale di wafer di silicio, crollata dal 37 a meno del 10% tra il 1990 e il 2024.

Gli stabilimenti di Tsmc e delle altre grandi aziende dell’isola specializzate nella produzione di chip si concentrano ad appena 150 km di distanza dalla Cina continentale, che attraverso un “semplice” blocco navale potrebbe interrompere il flusso di semiconduttori taiwanesi verso i mercati mondiali paralizzando le filiere tecnologiche occidentali. Le ricadute sui sistemi militari e sulle infrastrutture critiche degli Stati Uniti e dei loro alleati si rivelerebbero devastanti.

Le autorità di Taipei hanno sempre considerato questa criticità strutturale come una carta vincente a proprio vantaggio: uno “scudo di silicio” in grado di mantenere costantemente acceso l’interesse degli Stati Uniti ​​a impedire la riunificazione di Taiwan con la Repubblica Popolare Cinese.

Senonché, conformemente alle indicazioni contenute all’interno del cosiddetto “Piano Miran” che suggerisce di associare all’imposizione dei dazi la minaccia di rimozione dell’ombrello militare come leva negoziale nei confronti degli alleati, il segretario al Commercio Howard Lutnick ha specificato che la rigorosa osservanza di Taipei ai termini dell’accordo rappresenta un requisito fondamentale per conservare il favore dell’amministrazione Trump.

L’obiettivo consiste nel «portare il 40% dell’intera catena di approvvigionamento e produzione di Taiwan in… America», entro il termine del mandato presidenziale di Trump (2028). In caso di inadempienza da parte di Taipei, «i dazi statunitensi verranno portati con ogni probabilità al 100%», ha assicurato Lutnick.

Ma c’è di più. I taiwanesi «devono far contento il nostro presidente, giusto? Perché il nostro presidente è la chiave per proteggere Taiwan», ha dichiarato il segretario al Commercio nel corso di un’intervista rilasciata alla «Cnbc».

La ragione per cui i taiwanesi hanno assunto questo «colossale impegno di onshoring a beneficio degli Stati Uniti» risiede proprio nel fatto che «Donald Trump è vitale per proteggerli. E quindi vogliono far contento il nostro presidente», ha precisato Lutnick.

Il mese precedente, l’amministrazione Trump aveva annunciato la finalizzazione di un contratto per la vendita di materiale militare a Taiwan per un controvalore di 11,1 miliardi di dollari. Se approvata dal Congresso, dove Taiwan beneficia di un supporto trasversale, si tratterebbe della più imponente fornitura di armi mai accordata dagli Stati Uniti all’isola, comprensiva di sistemi missilistici Himars, missili Atacms (420 unità), obici, missili anticarro Javelin, droni e componenti per altri sistemi d’arma.

A riprova, si legge nel comunicato diramato dal Ministero della Difesa di Taipei, che «gli Stati Uniti continuano ad assistere Taiwan nel mantenere sufficienti capacità di autodifesa e nel costruire rapidamente un forte potere deterrente e sfruttare i vantaggi della guerra asimmetrica, che costituiscono la base per il mantenimento della pace e della stabilità regionale».

In una serie di dichiarazioni separate che elencavano i dettagli dell’accordo, il Dipartimento di Stato ha specificato che le consegne di materiale militare a Taiwan tutelano gli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti, perché sostengono i continui sforzi profusi dall’isola per modernizzare le sue forze armate e mantenere una capacità difensiva credibile.

L’assistenza a Taiwan risulta coerente con il contenuto della National Defense Strategy, che identifica nella regione dell’Indo-Pacifico la “seconda linea” operativa, in cui promuovere una «deterrenza nei confronti della Cina attraverso la forza», evitando il confronto diretto. «L’Indo-Pacifico – recita il documento – rappresenterà presto più della metà dell’economia globale. La sicurezza, la libertà e la prosperità del popolo americano sono quindi direttamente collegate alla nostra capacità di commerciare e interagire da una posizione di forza nell’Indo-Pacifico. Se la Cina – o chiunque altro – dominasse questa vasta e cruciale regione, si porrebbe nelle condizioni di impedire l’accesso degli Stati Uniti al centro di gravità economico mondiale, con implicazioni durature per le prospettive economiche della nostra nazione, inclusa la nostra capacità di reindustrializzarci».

Ne consegue che, sotto l’amministrazione Trump, gli Stati Uniti «adotteranno le misure necessarie a mantenere una solida difesa di negazione lungo la prima catena di isole. Collaboreremo inoltre a stretto contatto con i nostri alleati e partner nella regione per incentivarli e consentirgli di fare di più per la nostra difesa collettiva. Attraverso questi sforzi, chiariremo che qualsiasi tentativo di aggressione contro gli interessi statunitensi fallirà».

Mentre si impegna ad erigere una solida difesa di negazione lungo la prima catena di isole, «il Dipartimento della Guerra garantirà che gli Stati Uniti dispongano sempre la capacità di condurre attacchi e operazioni devastanti contro obiettivi in ​​qualsiasi parte del mondo, anche direttamente dalla patria, fornendo così al presidente una flessibilità e un’agilità operative senza pari».

Nella visione del Pentagono, occorre che Taiwan si faccia carico di investimenti commisurati agli obiettivi dichiarati.

«Il nostro Paese continuerà a promuovere le riforme nel settore della difesa, a rafforzare la resilienza difensiva dell’intera società, a dimostrare grande determinazione e a salvaguardare la pace attraverso la forza», ha dichiarato Karen Kuo, portavoce dell’ufficio presidenziale di Taiwan.

A novembre, il presidente Lai Ching-te aveva annunciato uno stanziamento supplementare al bilancio della difesa di 40 miliardi di dollari per il periodo 2026-2033, finalizzato alla realizzazione di una rete di difesa aerea multistrato denominata T-Dome e destinata a rafforzare la posizione difensiva di Taiwan nei prossimi otto anni.

Lai ha spiegato che il T-Dome fornirà una difesa aerea a bassa, media e alta quota, integrando l’intelligenza artificiale per migliorare il rilevamento e il processo decisionale e consolidando così la capacità di Taiwan di individuare con il dovuto tempismo le minacce per proteggere le risorse militari, le infrastrutture critiche e i civili.

Il presidente taiwanese ha sottolineato che «non c’è spazio per compromessi sulla sicurezza nazionale».

Resta da verificare a quale specifica visione di “sicurezza nazionale” l’esecutivo di Taipei faccia riferimento per elaborare una coerente dottrina operativa.

La questione assume una rilevanza particolare alla luce delle indiscrezioni pubblicate dalla stampa taiwanese, secondo cui Taipei starebbe pianificando lo schieramento di sistemi di Himars equipaggiati con missili balistici Atacms sulle isole Penghu e Dongyin, così da estendere il raggio d’azione di Taiwan ben oltre la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Tra i potenziali obiettivi figurano gli snodi logistici, gli scali portuali, gli aeroporti e le basi missilistiche dell’Esercito Popolare di Liberazione situati nelle province cinesi di Fujian e Zhejiang.

Oltre che sugli Atacms, le forze armate taiwanesi possono contare sui missili da crociera a lungo raggio Hsiung Feng II-E e Hsiung Falcon (da 300 a 1.000 km di gittata), nonché sul missile da crociera ad alta quota e ad alta velocità Yun Feng. A dispetto della sua semi-obsolescenza, anche il missile da crociera di fabbricazione statunitense Harpoon risulta impiegabile per sferrar attacchi di precisione contro obiettivi costieri sulla Cina continentale.

Le fonti raggiunte dalle maggiori testate taiwanesi sostengono che la precisione di tiro degli Himars da installare presso le isole Penghu e Dongyin verrebbe affinata attraverso l’integrazione di droni di fabbricazione statunitense Mq-9B SeaGuardian e di droni Teng Yun, sviluppati a livello domestico. Questi velivoli ad elevata autonomia condurrebbero ricognizioni ad alta quota lungo le coste cinesi, trasmettendo coordinate precise dei bersagli da colpire tramite il Tactical Mission Network.

Il sistema di comando e controllo integrato assicurerebbe resoconti in tempo reale della situazione sul campo di battaglia.

L’esercito taiwanese prevede inoltre di ricavarsi un’ampia rete di tunnel sotterranei rinforzarti in cui celare sistemi di fuoco automatizzati collegati alle relative batterie missilistiche, che emergerebbero in superficie soltanto per sparare prima di inabissarsi nuovamente. Lo specifico dispiegamento di forze immaginato dallo Stato Maggiore di Taipei è deliberatamente rivolto a complicare per quanto possibile il rilevamento degli obiettivi da parte dei satelliti e dei radar dell’Esercito Popolare di Liberazione.

Lo Stato Maggiore delle forze armate taiwanesi ha spiegato che l’idea di impiantare sistemi missilistici a un tiro di schioppo dalle coste cinesi nasce dall’esigenza di incrementare la deterrenza alla luce delle sempre più frequenti esercitazioni di sbarco anfibio condotte dall’Esercito Popolare di Liberazione.

Ciononostante, il dispiegamento di missili balistici taiwanesi nelle isole Penghu e Dongyin si configurerebbe come un’escalation senza precedenti, non tanto perché destinata a porre rilevantissimi obiettivi militari e industriali cinesi nel raggio d’azione di Taipei, quanto alla luce del crescente coinvolgimento statunitense.

Lo scorso gennaio, il Ministero della Difesa della Repubblica di Cina ha istituito il Joint Firepower Coordination Centre (Jfcc) , in conseguenza del netto aumento della potenza di fuoco a disposizione dovuto alle importazioni su larga scala di materiale militare dagli Stati Uniti. Impiantato presso il Campo Boai di Taipei, il Jfcc si occupa di coordinare gli schieramenti asimmetrici di potenza di fuoco tra i vari rami delle forze armate taiwanesi con il supporto di personale straniero, a partire proprio da quello statunitense.

Secondo quanto riportato da «Military Watch Magazine», l’istituzione del Jfcc «prevede la fornitura di assistenza e supervisione da parte degli Stati Uniti nell’utilizzo degli arsenali missilistici e consente alle forze della Repubblica di Cina di ricevere informazioni di intelligence dal Joint Digital Firepower System statunitense».

Soprattutto, «consente alle forze statunitensi di selezionare obiettivi e finalizzare piani di attacco congiuntamente alle forze locali, consentendo potenzialmente di colpire in modo cinetico obiettivi strategici come infrastrutture critiche e centri di ricerca in settori tecnologici che il mondo occidentale ha cercato di soffocare attraverso sanzioni economiche».

La situazione descritta da «Military Watch Magazine» presenta diversi punti di contatto con quella tratteggiata nell’aprile dello scorso anno dal «New York Times», che basandosi sulle confidenze rese da centinaia di funzionari sia statunitensi che ucraini era giunto alla conclusione che il Pentagono, la Nato e gli apparati di intelligence occidentali rappresentavano la «spina dorsale delle operazioni militari ucraine» contro la Russia.

Si pensi a Dragon, la task force formata da ufficiali ucraini e della Nato che aveva come centro di comando la base statunitense di Wiesbaden, in Germania, e si fondava su una «partnership in materia di intelligence, strategia, pianificazione e tecnologia i cui meccanismi interni erano visibili solo a una ristretta cerchia di funzionari americani e alleati», e destinata ad affermarsi come «l’arma segreta in quello che l’amministrazione Biden ha definito come uno sforzo necessario a salvare l’Ucraina e proteggere l’ordine impostosi a partire dal secondo dopoguerra».

Questo strettissimo rapporto di collaborazione era andato sviluppandosi attorno alla relazione speciale, basata sulla fiducia reciproca, instaurata tra il generale ucraino Mykhaylo Zabrodskyi e lo statunitense Christopher Donahue, a capo del 18° corpo aviotrasportato. Ogni mattina, ufficiali ucraini e statunitensi si riunivano per designare i bersagli più redditizi, definiti “punti di interesse” allo scopo di evitare qualsiasi ammissione di coinvolgimento diretto statunitense nel conflitto. Tutti i successi ottenuti, dall’affondamento della Moskva al bombardamento del quartier generale della 58° armata, passando per la distruzione del deposito di munizioni di Toropets, sarebbero da ricondurre agli Stati Uniti e ai loro principali partner integrati nella Nato sia quanto a designazione dell’obiettivo, sia in materia di determinazione delle modalità operative da impiegare. Lo si evince da quanto confidato al quotidiano statunitense da un alto funzionario dell’intelligence europea, il quale ha spiegato di essere rimasto sorpreso dal livello di coinvolgimento dei suoi colleghi dell’Alleanza Atlantica nella «catena di morte» ucraina.

L’idea di fondo consisteva nel trasformare il rapporto di collaborazione istituito sotto la supervisione di Zabrodskyi e Donahue nel motore pulsante dello sforzo bellico sostenuto dall’Ucraina, da sfruttare come “testuggine” per sferrare un colpo decisivo alla Russia nell’ambito di un esperimento bellico che si proponeva di innovare l’approccio adottato in Afghanistan e in Iraq, verso un modello di guerra a distanza – o per procura.

Le analogie tra il teatro ucraino e quello che va delineandosi a Taiwan non sono sfuggite alle autorità di Pechino. «Di fronte all’Esercito Popolare di Liberazione, le forze armate indipendentiste di Taiwan sono come una formica che cerca di scuotere un albero gigante, sovrastimando enormemente le proprie capacità», ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa cinese Jiang Bin.

Un attacco con armi di fabbricazione statunitense, ha specificato Jiang, innescherebbe una risposta schiacciante volta all’annientamento degli aggressori.

Pechino ha anche rivolto aspre critiche all’amministrazione Trump per aver formalizzato l’accordo da 11,1 miliardi di dollari relativo alla vendita di materiale bellico a Taiwan, qualificando l’intesa come una grave violazione della sua sovranità e un segnale pericoloso per le forze separatiste.

Dichiarazioni dello stesso tenore sono state formulate dal portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan Chen Binhua, secondo cui l’accordo tra Washington e Taipei rappresenta una «flagrante ingerenza negli affari interni della Cina», che infrange il principio di “una sola Cina” oltre che le disposizioni contenute all’interno di tre comunicati congiunti Cina-Stati Uniti attraverso cui la parte statunitense si impegnava a ridurre gradualmente le forniture di armi a Taiwan.

Chen ha anche rimproverato il Partito Progressista Democratico di «perseguire ostinatamente l’indipendenza» affidandosi agli Stati Uniti e ricorrendo a mezzi militari, con conseguente trasformazione di Taiwan in una «polveriera e in un arsenale» che rischia di provocare «una enorme calamità» per il popolo taiwanese.

Il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington Liu Pengyu ha esortato le autorità statunitensi a «revocare immediatamente il “cosiddetto accordo” [per la vendita di armi a Taiwan, nda], e a piantarla di inviare segnali sbagliati alle forze separatiste di Taiwan, altrimenti tutte le conseguenze saranno a carico degli Stati Uniti».

Anche l’accordo commerciale siglato tra Washington e Taipei verso la metà di gennaio è stato oggetto di pesanti rilievi cinesi. Il governo di Pechino lo considera non soltanto una provocazione e l’ennesima ingerenza statunitense nei propri affari interni, ma anche un compromesso politico dagli effetti economicamente catastrofici per Taiwan. Nello specifico, Pechino ha definito l’intesa come un “patto di svendita” della floridissima industria taiwanese dei semiconduttori, oltre che «una capitolazione del Partito Progressista Democratico di fronte alla prepotenza economica» dell’amministrazione Trump, che «mette a repentaglio lo sviluppo industriale e il benessere del popolo di Taiwan».

La reazione cinese si è declinata anche in ambito militare. Lo scorso dicembre, l’Esercito Popolare di Liberazione ha condotto le esercitazioni Justice Mission 2025, nel cui ambito le forze terrestri, aeree, marittime e missilistiche inquadrate nel Comando del Teatro Orientale hanno circondato Taiwan e simulato blocchi navali sia dell’isola che di suoi atolli periferici, così da rafforzare la deterrenza multidimensionale e porsi nelle condizioni di contrastare efficacemente e un potenziale intervento degli Stati Uniti.

«Si tratta di un severo monito contro le forze separatiste anelanti all’“Indipendenza di Taiwan” e le interferenze esterne, oltre che di un’azione legittima e necessaria per salvaguardare la sovranità e l’unità nazionale della Cina», ha affermato il portavoce del Comando del Teatro Orientale Shi Yi.

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Il voto anticipato dell’8 febbraio ha prodotto un terremoto politico in Giappone. La coalizione di governo guidata dal Partito Liberal Democratico (Jimintō) ha infatti riconquistato il controllo pieno della Camera dei Rappresentanti, e il PLD ha ottenuto da solo una maggioranza amplissima, arrivando a un livello che sfiora o supera la soglia dei due terzi dell’aula (316 deputati su 465 nei risultati provvisori). Secondo gli analisti, questo risultato segna al contempo la netta vittoria personale e di partito di Sanae Takaichi, in carica da ottobre, e il crollo dell’architettura alternativa che avrebbe dovuto contendere il governo alla destra conservatrice.

Per comprendere meglio la portata di questo risultato, dobbiamo fare un passo indietro. Dopo la stagione del governo di Shigeru Ishiba, conclusa con le dimissioni dello stesso primo ministro e lotte interne al partito maggioritario, il PLD ha scelto una leadership più marcatamente identitaria, nazional-conservatrice e orientata a una linea di sicurezza più assertiva. Già allora, infatti, all’atto dell’ascesa di Takaichi alla guida del partito, avevamo segnalato come la nuova leader fosse collocata sull’ala destra del PLD, con posizioni capaci di mobilitare l’elettorato conservatore e settori sensibili ai temi dell’“ordine” nazionale, dell’immigrazione e della proiezione strategica del Giappone.

Come se non bastasse, la scelta strategica del voto anticipato ha ridotto drasticamente i tempi di assestamento dell’opposizione, colpendo soprattutto la capacità del fronte centrista di trasformare la propria aggregazione in una macchina elettorale coerente. La nuova alleanza riformista centrista, che sulla carta voleva sommare bacini elettorali diversi, si è rivelata fragile nella sintesi programmatica e poco credibile sul piano della leadership. In un sistema che già tende a premiare il partito dominante, quasi ininterrottamente al potere dal 1955, questa combinazione ha favorito il ritorno del PLD a una posizione egemonica.

La destra di governo ha anche provato a dare una risposta alle questioni sociali che coinvolgono maggiormente la popolazione, come costo della vita, salari reali compressi, prezzi alimentari, precarietà dei giovani e incertezza sulle prospettive familiari, combinando promesse economiche, retorica identitaria e leadership personalizzata. Il blocco moderato-progressista non è riuscito a offrire una narrazione ugualmente semplice e mobilitante, confermando che, quando la politica si polarizza tra “protezione” e “complessità”, l’opzione semplificata tende a prevalere, soprattutto se sostenuta da una macchina partitica radicata capillarmente.

Tuttavia, proprio nel momento del trionfo, emergono i primi segnali di contro-narrazione interna al campo conservatore. L’ex primo ministro Shigeru Ishiba, in particolare, ha avvertito che una vittoria parlamentare, seppur netta, non equivale a un “assegno in bianco”, insistendo sul fatto che questioni decisive non sono state discusse in profondità durante la campagna. È un passaggio politicamente pesante perché la critica non arriva dall’opposizione, ma da un ex capo del governo e del PLD, cioè una voce che conosce bene gli equilibri reali del potere giapponese e i costi di una forzatura istituzionale.

Il nodo più sensibile riguarda indubbiamente la traiettoria strategico-militare. La combinazione tra larga maggioranza parlamentare, orientamento nazional-conservatore della nuova leadership e contesto internazionale ad alta conflittualità crea le condizioni per un’accelerazione sulla temuta revisione dell’impianto costituzionale pacifista, che porterebbe ad un’ulteriore espansione delle capacità militari offensive e al consolidamento di un asse securitario regionale sempre più rigido, trasformando nuovamente l’arcipelago giapponese in una grande potenza militare come nella prima metà del XX secolo.

Non sorprende, dunque, che Pechino abbia reagito in modo formale ma inequivocabile. Nella conferenza stampa dello scorso 9 febbraio, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha richiamato il peso storico del militarismo giapponese e posto una domanda politica di fondo: il Giappone continuerà sulla via dello sviluppo pacifico o metterà in discussione l’ordine postbellico? Lo stesso intervento insiste sul fatto che solo una lettura corretta della storia consente stabilità futura. Al di là della formula diplomatica, il messaggio è che l’eventuale slittamento di Tōkyō verso un revisionismo strategico verrebbe letto come minaccia diretta all’equilibrio dell’Asia-Pacifico.

Tutto questo si inserisce in una sequenza più ampia in cui i dossier memoria storica, Taiwan, alleanze militari e catene tecnologiche si saldano in un’unica arena competitiva. Anche per questo, da parte cinese è stato ribadito che il Giappone dovrebbe attenersi agli impegni politici maturati nei documenti bilaterali su storia e questione taiwanese. La sostanza è che la fiducia strategica, già bassa, può scendere ulteriormente se Tōkyō adotta segnali ambigui o assertivi su questi due fronti.

In parallelo, la politica interna giapponese mostra una pericolosa tendenza critica verso la normalizzazione di un lessico pubblico più duro verso lo straniero e la sicurezza. Sin dall’ascesa di Takaichi al potere, gli analisti hanno notato un’esplicita attenzione a segmenti elettorali attratti da temi identitari e da una lettura culturale restrittiva dell’immigrazione. Se tale cornice si combina con maggioranze robuste e con l’agenda di riarmo, il rischio diventa molteplice, tra restringimento del pluralismo, marginalizzazione delle voci dissenzienti e uso permanente dell’emergenza geopolitica come legittimazione della verticalizzazione del potere.

Le principali forze di opposizione sia centriste che di sinistra, come il Partito Comunista Giapponese (Nihon Kyōsan-tō), che ha eletto quattro deputati, mantengono uan linea di opposizione netta nei confronti dell’esecutivo. Il PCG, in particolare, ha evidenziato tre assi principali di opposizione, ovvero difesa delle condizioni materiali popolari, contrasto al riarmo e rifiuto della deriva xenofoba, insistendo sul fatto che la destra non deve trasformare la vittoria in una delega illimitata per cambiare l’architettura postbellica del Paese.

Per le ragioni esposte in questo articolo, dunque, la “questione giapponese” oggi è contemporaneamente interna e regionale. Per quanto riguarda il secondo aspetto, in particolare, ogni movimento di Tōkyō su riarmo, Taiwan e memoria storica modifica automaticamente le percezioni di rischio di Pechino, Seoul e Pyongyang, irrigidisce i dispositivi militari e aumenta la probabilità di incidenti politico-militari. Se, dunque, la nuova leadership userà la super-maggioranza per forzare tempi e contenuti della revisione costituzionale e della postura militare, l’intero Estremo Oriente entrerà in una fase di instabilità strutturale. In assenza di una correzione, la svolta a destra del Giappone diventerà un fattore di destabilizzazione sistemica dell’Asia-Pacifico, con costi crescenti per la stessa società giapponese che oggi, schiacciata tra inflazione, precarietà e sfiducia, chiede soprattutto protezione materiale e futuro, non una nuova stagione di rischio geopolitico.

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The White House isn’t prioritizing challenges—it’s stretching the military thin. 

Just over one month after his National Security Strategy promised to “reassert and…restore American preeminence in the Western Hemisphere,” President Donald Trump made good on this commitment with a daring military raid to arrest Venezuelan President Nicolas Maduro in the early hours of Saturday morning. Trump told the American public later that day that the United States would “run” Venezuela and its oil industry for the foreseeable future.

The operation has been widely praised by Trump’s supporters. Even traditionally anti-interventionist voices found something to like, viewing the use of American military power close to home as a significant improvement over decades spent spilling blood and treasure in faraway lands and justified given that Latin America falls in the traditional U.S. sphere of influence.

But even those enthusiastic about Trump’s readiness to prioritize challenges in the Western Hemisphere should have concerns about U.S. military action in Venezuela and the imperialistic agenda Trump laid out for the region in its aftermath.

For starters, in principle, a “hemisphere defense strategy,” like the one Trump’s National Security Strategy seems to aspire to, would see the United States “pivot home.” This means the U.S. military would increase its activities and presence in the Western Hemisphere while also decreasing its footprint, or at least its commitments, in Europe, Asia, and the Middle East.

But this is not what’s happening.

The United States has, certainly, increased its activities in Latin America. The steady state military presence in the region now includes at least 10,000 personnel, dozens of fighter aircraft, and over 10 percent of the U.S. Navy. However, Washington has failed to reduce military commitments elsewhere.

The United States retains at least 80,000 forces in Europe. Many of these soldiers are still involved in supporting Ukraine, including by providing intelligence, logistics, and training assistance worth at least tens of billions per year.

In the Middle East, U.S. military presence and involvement has increased since Trump returned to the White House. More aircraft and warships have been deployed to the region, and the United States has participated in both the direct defense of Israel and the bombing of Iranian nuclear facilities, perhaps not for the last time.

The United States has not pulled back in Asia either. Despite widespread speculation that Trump seeks a grand bargain over Taiwan, his administration has not given any sign that it plans to back away from its efforts to deter China from seizing the island by force.

Simply put, the turn in U.S. foreign policy toward the Western Hemisphere does not represent (so far) the long-awaited transformation that America First “restrainers” have hoped for. Instead, it is yet another manifestation of the same old American pattern: the addition of new military commitments without shedding old ones. We cannot praise the administration’s military activity in Latin America as somehow better than expending resources in the Donbas or the deserts of the Middle East—because under Trump, the United States is doing these things too.

There are other reasons Americans supportive of the Trump administration’s focus on the Western Hemisphere should still be wary of its direction going forward—including Trump’s threats of military action against Colombia, Cuba, and Mexico.

Trump is right that in recent decades Washington has not focused enough on the Western Hemisphere, and he is right to be concerned about issues like drug trafficking, cartel violence that spills into the United States, and unchecked immigration flows. Irritation with encroachment by China and Russia into Latin America is overblown but not totally dismissible. But none of these problems have the military solutions that Trump imagines.

Drug smuggling and migrant flows toward the United States are law enforcement challenges, which should be dealt with using police, Customs and Border Patrol, and the Coast Guard—not military threats or signature strikes on boats in the waters of the Caribbean. Experience has shown that efforts to use military force to slow the production and flow of drugs typically fail or make the problem worse. The same is true of military efforts to go after cartels. Instead of making these same mistakes again, the U.S. should be partnering with local law enforcement and working to increase their indigenous capacity in relevant areas.

Similarly, military coercion cannot compete with (much less eliminate) China’s growing economic stake in the region unless U.S. firms are willing to make comparable, sustained investments. In other words, U.S. economic might, not military strength, is the key to the American preeminence, influence, and wealth that Trump seeks in the Western Hemisphere.

Finally, arguments that Washington can “do what it wants” in America’s backyard are misplaced and worrisome. This line of thinking implies that the bar for the use of military force should be lower in the U.S. near abroad than elsewhere, and that Washington should be unafraid to act militarily in this region because it can do so with impunity.

This is backwards. The United States should be more careful and judicious with its use of military force close to home than it is elsewhere. After all, if a military intervention goes wrong (as so many U.S. efforts have) it will be much harder for Washington to seal the U.S. homeland off from the consequences. If Venezuela ends up being the next Libya, for example, regional instability will rise, drug flows and violence will increase, and opportunities for Chinese involvement could grow. These outcomes will undermine Trump’s broader domestic and foreign policy agendas while also doing direct harm to U.S. interests.

It is not a contradiction to be supportive of Trump’s long-time promise to focus attention closer to home in the Western Hemisphere and simultaneously disappointed with the attack in Venezuela or worried about Trump’s ambitious military plans for the rest of the region.

American interests in its near abroad are paramount, but existential threats are few. A “pivot home” that keeps America secure does not need to be—and indeed should not be—militaristic or imperialistic in nature.

Original article:  www.theamericanconservative.com

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Dalla “prudenza gestionale” alla spinta al riarmo

È cominciato il nuovo anno 2026 e, dobbiamo dirlo con tutta onestà, nei pochi giorni già trascorsi sono successe così tante cose che potrebbero bastare per tutto l’anno.

Guardando all’Italia, Giorgia Meloni ha impresso una svolta di intensità bellica alla postura italiana molto più netta rispetto ai suoi predecessori, utilizzando l’aumento della spesa militare come leva politica e simbolica per legare il paese a uno scenario di guerra prolungata in Europa. In parallelo, questa scelta colloca l’Italia in una posizione strutturalmente sfavorevole: nel momento in cui il conflitto sul continente dovesse entrare in una fase apertamente interstatale, Roma sarà costretta a scegliere non solo da chi comprare i missili, ma a quale architettura strategica subordinare definitivamente la propria sicurezza.

Il ritratto di Meloni come semplice amministratrice prudente dell’esistente, evocato dal Financial Times, contrasta con la dinamica reale della politica di difesa italiana negli ultimi anni. Sul piano interno, la premier ha progressivamente trasformato l’obiettivo NATO del 2% del PIL in una sorta di orizzonte identitario del suo governo, rivendicando la credibilità militare come fondamento della politica estera e della legittimazione internazionale dell’Italia.

Già le proiezioni NATO mostrano che la spesa militare italiana è cresciuta in termini assoluti, passando da circa 21–22 miliardi di euro nella seconda metà degli anni 2010 a oltre 25 miliardi nel 2023, con ulteriori aumenti programmati. Osservatori indipendenti come l’Osservatorio Milex stimano una crescita strutturale dei fondi destinati alla difesa e al riarmo, con il bilancio 2023 attestato oltre i 26 miliardi e circa 8 miliardi annui stabilizzati per nuovi armamenti, segnando una rottura rispetto alle stagioni di contenimento della spesa militare dei governi precedenti.

Il cuore politico della fase Meloni è la decisione di utilizzare fino in fondo lo spazio offerto dall’Unione Europea per sdoganare la spesa militare fuori dai vincoli classici di bilancio. Il disegno, emerso nei documenti di finanza pubblica, prevede la possibilità di liberare circa 12 miliardi di euro in tre anni per la difesa, ricorrendo alla cosiddetta “National Escape Clause”, cioè una clausola di salvaguardia che consente di escludere dal deficit una quota significativa di spesa militare.

Questa scelta non è neutra: significa sancire che, in un contesto di austerità selettiva, la guerra e la preparazione militare diventano l’unica voce di spesa che può crescere strutturalmente, mentre altri capitoli restano compressi dai vincoli europei. La stessa dialettica nella maggioranza – con la Lega che chiede di spostare le risorse su sicurezza interna e ordine pubblico, contro l’idea di “mandare militari al fronte” – segnala come l’aumento di bilancio sia percepito dagli alleati non solo come un fatto contabile, ma come un passo concreto verso un coinvolgimento più diretto nei teatri di guerra.

La militarizzazione dell’agenda emerge anche nel modo in cui il governo ha gestito il dossier Ucraina. Nonostante le resistenze interne alla coalizione, l’esecutivo ha progressivamente normalizzato l’idea che l’Italia debba contribuire in modo sistematico all’invio di armamenti, sistemi di difesa aerea e capacità missilistiche a Kiev, inserendo questi flussi dentro decreti quadro che proiettano il sostegno militare almeno fino al 2026.

La logica è chiara: consolidare una filiera industriale e politica che faccia dell’Italia un attore affidabile sia per la NATO sia per i programmi europei di riarmo, in particolare attraverso strumenti come i prestiti SAFE e i progetti congiunti di produzione di sistemi d’arma. In questo quadro, l’aumento di spesa deciso da Meloni non è più solo risposta contingente alla guerra in Ucraina, ma investimento anticipato in una guerra europea “a bassa e media intensità” destinata a durare anni, con il rischio concreto di trasformarsi in conflitto interstatale più ampio.

Una posizione geostrategica sfavorevole

L’Italia entra in questo scenario con una posizione strutturalmente sfavorevole. La geografia la colloca saldamente nell’ombrello NATO, ma sul fronte sud di un conflitto europeo che resterà comunque centrato sul corridoio baltico-mar Nero, cioè lontano dai propri confini e vicino, invece, ai principali fornitori di sistemi missilistici e di difesa aerea. L’asimmetria è evidente: Roma si troverà a finanziare un riarmo definito altrove, a dipendere da supply chain controllate soprattutto da Stati Uniti, Francia e Germania, e a negoziare l’accesso a capacità critiche – missili antiaerei, antimissile, cruise, sistemi integrati di comando e controllo – in condizioni di margine politico ridotto.

Nel momento in cui il conflitto europeo dovesse entrare in una fase di guerra aperta, l’Italia non sarà nella posizione di autodeterminare la propria architettura missilistica, ma dovrà chiedere capacità aggiuntive agli alleati, modulando la domanda tra Washington e i principali complessi militari-industriali europei. In altre parole, il paese non deciderà solo da chi comprare i missili, ma a chi legare le regole d’ingaggio, le interoperabilità dei sistemi, la distribuzione delle basi e perfino la definizione di ciò che viene considerato “difensivo” o “offensivo” nello scenario europeo.

L’aumento di spesa voluto dalla Meloni non risolve questo paradosso, ma lo accentua. Una quota rilevante dei nuovi fondi è infatti destinata a programmi integrati NATO/UE, in cui la tecnologia chiave – dai sensori radar ai vettori missilistici – resta controllata da pochi grandi player esteri. Ciò significa che, quando “fra poco comincerà la guerra in Europa”, per riprendere la logica implicita dei piani di riarmo, l’Italia avrà sì pagato il biglietto d’ingresso, ma continuerà a dipendere politicamente e industrialmente da chi quei sistemi li produce e li aggiorna.

In uno scenario di escalation, la scelta “da chi prendere i missili” non sarà dunque una decisione puramente tecnica di procurement, ma un atto di allineamento strategico definitivo: più verso gli Stati Uniti e l’ombrello atlantico, con la priorità ai sistemi interoperabili con le dottrine USA, oppure più incardinato nei progetti di autonomia strategica europea, che però restano frammentati e spesso subordinati a leadership franco-tedesche. In entrambi i casi, l’Italia si presenta all’appuntamento meno come soggetto sovrano che come “cliente avanzato” di un ordine di guerra già scritto, dopo aver usato l’aumento di spesa militare per accelerare, più dei suoi predecessori, la propria corsa verso quel bivio.